Internet es el soporte tecnológico del Gobierno Electrónico. Toda evolución de las condiciones de servicio del primero tienen su lógico impacto en el segundo. Hoy por hoy, son dos los condicionantes que parece van a marcar la evolución de Internet. En su capa exterior, la tan cacareada muerte de la web. En su vertiente interna, el debate sobre la neutralidad de la red. Ambos condicionantes tienen un impacto sobre las condiciones básicas de prestación de los servicios de Gobierno Electrónico, la garantía de la continuidad de los mismos en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad.
La muerte de la web es un nombre desafortunado (además de sensacionalista). Prefiero el término astillamiento de Internet que apareció con anterioridad. La interfaz de usuario única está definitivamente rota. Primero fueron los widgets, tras ellos las apps para teléfonos inteligentes (varios de ellos) y ahora aplicaciones transaccionales sobre facebook. Ya anteriormente escribí que no creo que las AAPP podamos mantener todas estas variaciones de interfaz, pero ahora creo que tampoco debemos. El uso (aunque probablemente mal medido) del Gobierno Electrónico está alrededor de un 12%-15% de la población española, no llega al 25% de los cibernautas.Concentrarse en la extensión del servicio básico, parece la primera obligación, siguiendo de la habilitación de su extensión a otras interfaces por terceros. Los recursos públicos son escasos (hoy más que nunca), la lógica priorización de inversiones ha de dejar a un lado satisfacer a la minoría para tratar de llegar a una mayoría. Sólo una modificación radical de las condiciones de entorno, como el uso generalizado de las redes sociales por la sociedad (no sólo los cibernautas) o el abaratamiento de los telefónos inteligentes tipo iPhone, podría justificar un cambio de estrategia.
La posible atenuación o desaparición de la neutralidad de la red, la clasificación del tráfico según pague su origen o destino, plantea otra problemática: ¿cuál sería la calidad de servicio que se de al Gobierno Electrónico? ¿quién pagaría por que el acceso a los servicios de Gobierno Electrónico sea de mejor o peor calidad? ¿pagarían los Gobiernos por una calidad determinada e igual para todos los ciudadanos o dependería de la calidad de acceso a la red que pagase el ciudadano? El tema, obviamente, no es baladí. De optarse por la segunda, podría tener impacto, por ejemplo, en el momento en que un ciudadano registrase una petición hacia la Administración, retardándola sobre otro ciudadano que tuviera un acceso por el que hubiese pagado más. Y podemos imaginarnos que pasaría si la opción fuera que el gobierno pagase por una calidad determinada a sus servicios, ya tendríamos el constante cuestionamiento sobre si es necesario o no que se pagase con los impuestos tener esa determinada calidad (fuera la que fuera). Una posible salida, es incluir dentro de las licencias de operación la obligación de dar una determinada prioridad (alta) al tráfico gubernamental, pero es obvio que las operadoras plantearán sus problemas a esta opción.
Si hay algo que deja claro tanto una cuestión como la otra, es que las decisiones a tomar no son técnicas, sino políticas. Cada uno con sus consecuencias sobre el futuro modelo de sociedad. Si alguien aún no creía en la necesaria politización del Gobierno Electrónico, aquí tiene otras dos razones para hacerlo.
La muerte de la web es un nombre desafortunado (además de sensacionalista). Prefiero el término astillamiento de Internet que apareció con anterioridad. La interfaz de usuario única está definitivamente rota. Primero fueron los widgets, tras ellos las apps para teléfonos inteligentes (varios de ellos) y ahora aplicaciones transaccionales sobre facebook. Ya anteriormente escribí que no creo que las AAPP podamos mantener todas estas variaciones de interfaz, pero ahora creo que tampoco debemos. El uso (aunque probablemente mal medido) del Gobierno Electrónico está alrededor de un 12%-15% de la población española, no llega al 25% de los cibernautas.Concentrarse en la extensión del servicio básico, parece la primera obligación, siguiendo de la habilitación de su extensión a otras interfaces por terceros. Los recursos públicos son escasos (hoy más que nunca), la lógica priorización de inversiones ha de dejar a un lado satisfacer a la minoría para tratar de llegar a una mayoría. Sólo una modificación radical de las condiciones de entorno, como el uso generalizado de las redes sociales por la sociedad (no sólo los cibernautas) o el abaratamiento de los telefónos inteligentes tipo iPhone, podría justificar un cambio de estrategia.
La posible atenuación o desaparición de la neutralidad de la red, la clasificación del tráfico según pague su origen o destino, plantea otra problemática: ¿cuál sería la calidad de servicio que se de al Gobierno Electrónico? ¿quién pagaría por que el acceso a los servicios de Gobierno Electrónico sea de mejor o peor calidad? ¿pagarían los Gobiernos por una calidad determinada e igual para todos los ciudadanos o dependería de la calidad de acceso a la red que pagase el ciudadano? El tema, obviamente, no es baladí. De optarse por la segunda, podría tener impacto, por ejemplo, en el momento en que un ciudadano registrase una petición hacia la Administración, retardándola sobre otro ciudadano que tuviera un acceso por el que hubiese pagado más. Y podemos imaginarnos que pasaría si la opción fuera que el gobierno pagase por una calidad determinada a sus servicios, ya tendríamos el constante cuestionamiento sobre si es necesario o no que se pagase con los impuestos tener esa determinada calidad (fuera la que fuera). Una posible salida, es incluir dentro de las licencias de operación la obligación de dar una determinada prioridad (alta) al tráfico gubernamental, pero es obvio que las operadoras plantearán sus problemas a esta opción.
Si hay algo que deja claro tanto una cuestión como la otra, es que las decisiones a tomar no son técnicas, sino políticas. Cada uno con sus consecuencias sobre el futuro modelo de sociedad. Si alguien aún no creía en la necesaria politización del Gobierno Electrónico, aquí tiene otras dos razones para hacerlo.
Estoy de acuerdo en la tesis básica, la neutralidad de la red es necesaria para mantener su poder vehicular de servicios. Por ello debe considerarse un bien público, este espacio virtual, y estar protegidas por la ley.
ResponderEliminarLa adecuada prestación de servicios de la eAdministración es sólo una de las múltiples razones que apoyan esta tesis.